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La FAGCE reclaman soluciones para los contadores

La FAGCE inició reclamo a la AFIP

Con la cantidad de problemas que tiene día a día la FAGCE inicio un reclamo ya que la sobrecarga de datos de la AFIP, la obligación de denunciar en causas penales y los inconvenientes meramente tecnológicos arman un cóctel generan muchos inconvenientes.

En los últimos días La Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) mando una extensa nota ante distintos organismos para pedir una “urgente solución” para los diferentes problemas que complican el “día a día” de los contadores.

La nota fue enviada por parte de la FAGCE a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara de Diputados y Senadores, al Ministerio de Economía, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los puntos mas importantes que denuncias los profesionales son la sobrecarga de datos que requiere la AFIP, la obligación de denunciar en causas penales y los inconvenientes meramente tecnológicos.

Los problemas que reclama la FAGCE son los siguientes:

    • El traslado de una importante carga de trabajo adicional por parte de los organismos de control, con la consecuente asignación de responsabilidades y la precarización profesional que conlleva;
    • La imposición que le fija a los contadores públicos el nuevo Código Procesal Penal de la Nación-como obligados a denunciar casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y explotación de personas-;
    • El carácter de “sujeto obligado” que le impone la UIF a los profesionales que actúan como auditores o síndicos –debiendo reportar por operaciones sospechosas del lavado de dinero de sus clientes ante ese organismo-;
    • Las incomodidades de los contadores en los lugares de atención, en particular los que ejercen la profesión en el interior del país, donde se requiere refuerzo en la infraestructura satelital y conectividad informática para que hasta el pueblo más lejano tenga las mismas posibilidades acceso para el cumplimiento de las normas;

Desde la FAGCE avisaron que “los contadores públicos enfrentan, para dar cumplimiento en tiempo y forma a sus tareas técnicas impositivas, severas dificultades que atentan tanto contra el cumplimiento de su cometido con profesionalismo como de la preservación de elementales condiciones de calidad de vida”.

Los principales problemas se dan en la transferencia altamente significativa de carga de trabajo desde la AFIP hacia el sector privado, esto impacta no solamente sobre los pequeños y medianos contribuyentes sino también sobre los contadores públicos según informo la FAGCE .

Otro inconveniente es que según el nuevo Código Procesal Penal de la Nación los contadores públicos tiene la obligación de denunciar “los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y explotación de personas” a menos que estén amparados por el secreto profesional.

Es por esto que los  los contadores públicos junto a los Escribanos se convierten en generadores de una obligación ajena a su ejercicio.   Pero por otra parte se genera se constituye en una situación discriminatoria en relación a otras profesiones y a los ciudadanos en general ya  que no recae sobre éstos la obligación de denunciar delitos de los que se toman conocimiento.

Esta exigencia de denuncia es totalmente inconstitucional según abogados especialistas en la materia.

Ademas según las disposiciones de la UIF los contadores públicos matriculados están obligados a implementar los controles especiales vinculados con lo que sea de lavado de dinero y en caso de detectar operaciones sospechosas en sus tareas de control deberán informarlas.

Este aspecto es uno de los mas importantes de la normativa básicamente porque todo el esquema de control que establece la UIF está destinado a que los profesionales, en cuanto sean “sujetos obligados”, detecten y reporten operaciones sospechosas de lavado de dinero a este organismo de control.
Desde la FAGCE aseguran que se esta colocando al contador que debe mantener el secreto profesional en una especie de delator encubierto y esto resulta inadmisible.
Al contador publico se le impone mucha presión con responsabilidades adicionales y ademas genera una situación conflictiva por informar cada operación sin comunicársela a su cliente, concluyen desde la FAGCE.
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